EN LA VORAGINE DE LA CRIMINALIDAD. LA INSEGURIDAD AL TOPE.

CASA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

EN LA VORAGINE DE LA CRIMINALIDAD. LA INSEGURIDAD AL TOPE.

DR. JUAN CONTRERAS TAYPE.

La necesidad de vivir en seguridad está llevando a las sociedades a renunciar de manera implícita a sus derechos y libertades. Ahora importa el orden, la seguridad, el freno a la incontenible ola delincuencial. Las disposiciones legales sobre geolocalización recientemente promovidas por el Ejecutivo se ubican en ese contexto. La consigna estatal es parar la criminalidad, aunque esto signifique invadir (o sacrificar) el ámbito privado de las comunicaciones, lo que convierte a este tema en un asunto controversial por su directa vinculación con los derechos humanos.

Sin duda, la criminalidad es un problema clave en América Latina. Colombia, México, los países centroamericanos (Honduras, Guatemala, entre otros) desarrollan por décadas ciclos de violencia criminal con expresiones de delincuencia organizada (narcotráfico, trata de personas, corrupción, sicariato, etc.) que -como el caso mexicano- han puesto contra la pared al propio Estado. La reciente fuga del Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad mexicana nos revela los enormes vínculos entre el poder político y el narcotráfico, como la implícita aceptación de la sociedad respecto del crimen.

La tendencia en ese escenario apunta a consolidar la hegemonía política, económica y territorial del narcotráfico. Sin exagerar, citando al prestigioso criminólogo Garay Salamanca, el inicio del siglo XXI coincidiría con el encumbramiento del Narco-Estado, el producto más defectuoso de las tesis de Milton Freidman sobre el Estado no Intervencionista (Estado Mínimo).

Los indicadores del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Publico peruano revelan información sobre una creciente tasa de criminalidad en el Perú. Solo en el 2014 el 36% de los peruanos ha sido víctima de algún delito, destacando los ilícitos de carácter patrimonial (asaltos a mano armada, hurto, etc.). La delincuencia de alto nivel (corrupción, lavado de activos, etc.) han atravesado el propio Estado peruano.

Los estrategas del neoliberalismo se resisten a aceptar la relación entre pobreza y delincuencia organizada, sobre todo su base en la pobreza educativa de los países de A.L.. Según su parecer la pobreza es un tema cuya solución reposa en las políticas de inclusión social. Se trata de paliar la necesidad de los pobres a través de programas asistenciales, sin tocar las bases del modelo económico para reducir la incidencia delictiva. Sin embargo, la proliferación de estos programas en Brasil (Bolsa Familia), México (Prospera), incluso el Perú (Qaly Warma, Pensión 65, etc.) no han descendido las tasas de criminalidad, sino un ligero maquillaje de la pobreza que la estadística oficial frecuentemente maquilla para la tribuna.

En Brasil no solo está en juego la precariedad política derivados de la corrupción del régimen que encabeza Dilma Rouseff, sino la escases de oportunidades especialmente para los jóvenes de los sectores populares y medios del país carioca que no han logrado ser absorbidos por la estructura del empleo. Un país que solo compra y no produce, jamás desarrollarà mercado interno, menos podrá asegurar la incorporación de su mano de obra juvenil al empleo. Esto es lo que ha puesto en remezón al modelo brasileño.

Recientes informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos hablan de un nuevo fenómeno social en América Latina, los NINIS. Se trata de aproximadamente 22 millones de jóvenes (18-25 años) que Ni estudian, NI trabajan. El 70% de los ninis son mujeres. El tema no es solo un indicador de la precariedad del empleo, sino fundamentalmente una evidencia concreta, indiscutible del fracaso escolar. El Estado como garante de la educación pública existe solo en el papel; sin embargo, el fracaso escolar tendría que comprender también al sector privado, que ha convertido la educación en el producto más caro y desigual de la región.

¿Tendrá alguna relación el fracaso escolar con las espeluznantes cifras sobre criminalidad en nuestra región? Según investigaciones de Joaquín Villalobos, en América Latina ocurren 100,000 homicidios anuales y existen territorios gobernados por organizaciones criminales enfrentados y/o cooptados con el Estado que desarrollan economías basados en la extorsión, el secuestro, el trafico de drogas, etc. No es el caso de los asientos mineros informales e ilegales de Tingo Maria y zonas adyacentes?

Para Rafael de Hoyos, conocido economista del Banco Mundial, “existe una relación entre el nivel educativo y la probabilidad de conseguir un empleo bien remunerado”. Si esta afirmación tiene un grado de validez la juventud peruana no estaría en condiciones de incorporarse al empleo en los próximos años, sino bajo los términos que ya conocemos, pésimamente remunerados, sin seguridad social, lejos de planilla, etc.

Países como Argentina, Chile y Cuba, donde aun los derechos sociales forman parte de la mentalidad popular, se han visto obligados a rediseñar sus modelos educativos para superar este desfase entre trabajo y educación. En el Perú la reforma educativa neoliberal ha acentuado, en cambio, las brechas en el ámbito rural, mientras el sector privado ha convertido la educación en la vía más factible para la acumulación de fortuna, pobre y sin mayor calidad. En nuestro país no se genera conocimiento científico, solo mano de obra y barata.

Sin duda, estamos, ante un problema bastante complejo que tiene como trasfondo un incontenible desarrollo de la cultura criminal, opuesta y contraria en todos sus extremos a una cultura del desarrollo y de los derechos humanos. El crimen tiene hoy un peso irreductible en el Perú. .Estos escenarios podrían convertir al crimen como la opción más preferida de los pobres y sectores medios de América Latina, lo cual lo convertiría en una región mas insegura y peligrosa de esta parte del planeta.