JUAN P. CONTRERAS TAYPE.
CIPAL
UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACION POLITICA ESTATAL EN EL
PERU.
A partir de la Constitución
Política de 1993 (CP-1993) un nuevo modelo de organización político - estatal de
corte neoliberal ha sido diseñado por
las élites gobernantes y los estrategas
del poder fáctico vinculados a poderosos grupos empresariales. Este nuevo
modelo viene desarrollándose a partir de un objetivo político
transcendental: consagrar la primacía del
mercado sobre el Estado y afirmar
la actuación de un Estado autoritario, violador de su propio
ordenamiento jurídico, especialmente, de los
derechos económicos, sociales
y culturales del pueblo peruano.
La columna vertebral de esta nueva organización estatal se asienta en el
Régimen Económico (Capítulo III, art. 58
y ss. CP-1993) diseñado tras el golpe del 05 de abril de 1992. Bajo la
denominación de “economía social de mercado” (art. 58) viene dándose luz
verde a un incontrolable copamiento de las empresas y grupos económicos más
grandes del país que -libre de controles
estatales- vienen logrando el traspaso masivo de propiedades y funciones del
Estado al sector privado. Es la economía de libre mercado en todo su esplendor, es la primacía del mercado, donde “lo social” apenas existe en
seguridad, educación, salud pésimamente administrados por el
Estado.
Bajo este escenario, “el Estado facilita y vigila la
libre competencia” (art. 61 CP-1993) permitiendo que los agentes del
mercado (inversionistas mineros, banqueros, aseguradoras, etc.) desenvuelvan
su dinámica totalizante logrando
subordinar importantes sectores económicos y productivos a la lógica de
acumulación del gran capital. En ese contexto, la idea de un Estado democrático
y nacional (art. 43 CP-1993) sólo existe en el papel, subordinado a poderosos
grupos económicos que reinan sin control, ni fiscalización efectiva alguna.
El grave deterioro ambiental en la regiones
andina y amazónica derivados de la
minería legal, ilegal e informal (1); la masiva concentración de tierras en la costa peruana (2) por citar algunos casos, evidencian
que el mercado define las reglas de juego a través de los poderes públicos como el Congreso de la República, debilitando su
capacidad de control sobre estos poderosos grupos empresariales. El resultado
es contundente. En las relaciones de poder el mercado ha pulverizado
competencias y funciones que
soberanamente correspondían al Estado, su poder es avasallador e ilimitado. Los
grupos empresariales, como diría Navarro Vincenc, han introducido una nueva
ortodoxia en el pensamiento económico occidental, aquella por la cual el Estado
y sus intervenciones constituyen un
serio obstáculo para el desarrollo económico y social de las poblaciones. (3)
Para hacer fortuna, desaparezcamos el Estado es la
lógica del neoliberalismo. Aquí algunos
datos a tener en cuenta. Merced a la Ley
Obra por Impuesto N° 29230 dictada
por García empresas mineras como
Cerro Verde, Barrick, Southern, Shougan, Yanacocha, Antamina y Tintaya
contribuyeron con US $ 1,370 millones entre
el 2006 y 2009 (4).
Sin embargo, la tasa de
utilidades entre el 2005 al 2010 de
Cerro de Pasco, Barrick, Southern, Yanacocha y Antamina) pasaron de US $ 2,731
millones el 2005 a US $ 4,335 millones al 2006, US$ 574 millones el 2007, US$
4,132 millones el 2008, US$ 3,777 millones el 2009 y US$ 4,508 Millones el
2010, un total de US $ 24,057 millones en seis años. (5). ¿Duda
alguien de las grandes bondades de este
nuevo orden neoliberal en el Perú?
En ese contexto el Estado
ha dejado de ser el ente organizador
de la sociedad política organizada, así
como el garante de los derechos económicos, sociales y culturales de la
sociedad; ha sido despojado de su contenido democrático y nacional,
convirtiéndose en un Estado permisivo, absolutamente disminuido que solo por
ley autoritativa expresa puede realizar actividades empresariales (art. 61
CP-1993) donde el sector privado no pueda o no quiera invertir.
Acompaña a este proceso la relativización de la
soberanía jurídica del Estado peruano en
el tema del control de las inversiones, especialmente mineras (art.
63-CP-1993). Resulta que si -se presentase controversias entre el Estado y los
poderosos grupos empresariales sobre temas de inversión- estos podrán acudir al
arbitraje nacional o internacional, hecho que comúnmente ocurre. (6)
Mientras los grupos de poder económicos alentados por el
modelo constitucional pro mercado
privatizan todo lo privatizable, propiedades y
funciones que antes correspondían al Estado, se han asegurado de
encargar a la fuerza pública el control del orden y la seguridad interna,
reconfigurando su rol de eficiente guardián de los poderosos intereses de
los grupos económicos empresariales. Ni el Arequipazo del 2002, el
Baguazo del 2009 y el Congazo del 2011 han logrado conmover la capacidad
represiva estatal, mientras se aplican las leyes contra la protesta popular
como el Dec. Leg. 982 (inimputabilidad de miembros de PNP y de FFAA. En casos
que causen lesiones o muerte en el
cumplimiento del deber y con uso
reglamentario de sus armas), el Dec. Leg. 989 (extensión a 07 días
la detención preliminar a ciudadanos
involucrados en formas de protesta social), entre otros aspectos jurídicos
procesales.
En resumen, estamos ante un
nuevo modelo de organización política estatal que consolida el vasto poder del
mercado, sus principios y valores ideológicos, sus influencias sobre los
poderes públicos habiendo logrado con creces la culminación de su plan político
estratégico, esto es, someter al Estado peruano y con ello despojar al país de
su legitimo derecho a una vía de desarrollo democrático y nacional, autónomo
respecto de los grupos de poder empresarial que controlan la economía
peruana.
LAS APP: LA OTRA
OLEADA PRIVATIZADORA EDUCATIVA EN EL PERU.
El proceso de privatización de la educación en el Perú ha ingresado a
una nueva fase de su desarrollo a través
de las Asociaciones Público Privadas (APP), su objetivo controlar la
infraestructura (colegios, estadios, laboratorios, bibliotecas, etc.)
perteneciente al sector educación, y devaluar el valor patrimonial de
estos activos.
Esta dinámica es la consecuencia lógica del proceso de reorganización
política estatal Su base constitucional
el Régimen Económico (Capítulo III) de
la CP-1993 y su primer eslabón jurídico el Dec. Leg.1012 publicado el
13.05.2008 en el diario oficial El Peruano. Su última norma modificatoria es la Ley N° 30167 publicado el 02.03.2014,
respectivamente.
¿Qué son y que postulan las APP? Las APP son modalidades de
participación del sector privado para crear, desarrollar, mejorar, operar o
mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar
los servicios vinculados a estos que
requiera brindar el Estado, participando el Estado y uno o más inversionistas privados.
Esta modalidad fue inicialmente diseñada a inicios
de los 90 para agilizar la
inversión privada en infraestructura pública (carreteras, puentes, caminos, irrigaciones,
etc.), a partir del 2014 se pretende extender su ámbito de aplicación a
los servicios públicos como educación y
salud, de modo que estamos ante un modelo experimental que
habrá de desarrollarse en los próximos años. En el terreno
de la Educación Básica Regular el MINEDU postula que un operador privado
se encargue de la construcción, mantenimiento, mobiliario y equipamiento en un
grupo de
escuelas a nivel nacional, como ya ocurre en Colombia y Chile. Esta
modalidad pretende también extenderse a la Educación Superior Técnica con
la variante en este caso que el operador privado se encargue
también de la enseñanza (gestión
pedagógica). Por lo pronto ya se han localizado a un paquete de 275 colegios
públicos para ser objeto de
mantenimiento en infraestructura dentro
de un paquete mayor
de 4,000 proyectos de inversión en gran parte del país.
Pero, ¿qué impulsa a los
poderosos grupos empresariales
-afín a grandes inversiones en
minería, hidrocarburos, propiedad agraria, etc.- a invertir en un sector como
la educación pública, largamente
postergado por el propio Estado y las
élites gobernantes?
A modo de hipótesis, la respuesta parecer el interés de poderosas
empresas de consolidar el “secuestro del Estado” y hacer fortuna a
raudales, conocedores de las fragilidad estatal para controlar la corrupción (7) por la sensualidad servil de las élites gobernantes respecto del poder
fáctico, sobre todo del poder corruptor.
Según el MINEDU el déficit en
infraestructura escolar en el país
equivale aproximadamente a los S/. 60.000 millones. Si la inversión en este
rubro fuera del ritmo de S/.
3,100 millones como en el 2013, esta
brecha recién se cerraría en 20 años. Por lo pronto se han publicado 275
colegios públicos a ser remodelados con recursos provenientes del sector
privado, vía las APP.
Sugiere Francisco Durand que el aporte envolvente del sector privado
apuntaría a resolver este déficit financiero para el cual se han diseñado tres estrategias: a)Los Programas de Responsabilidad
Social; b)Las Contribuciones
voluntarias extraordinarias para evitar impuestos especiales, como el dirigido
a las sobreganancias mineras y c)Las
obras obligatorias hechas con recursos correspondientes al Impuesto a la Renta que dejan de ir al Estado,
mediante las APP.
De hecho, todas las alternativas resultan beneficiosas para los
grupos empresariales. Todo un gran negocio para el sector privado. Se
trata de pagar menos tributos,
sobrevaluar los montos de inversión y despojar los activos del Estado en este sector a través de concesiones por
varias décadas. El problema es que un Estado derretido por la corrupción, con una institucionalidad de
escándalo sin mecanismos de control efectivos,
cuyos agentes principales (congresistas, pdtes. regionales, fiscales,
jueces, contralores, etc.) quiebran a diario frente al poder envolvente de
empresas corruptas abriría, sin duda, una extensa franja de corrupción que, al
final de cuentas, solo favorecerìa a las empresas interesadas en lucrar o
reducir al máximo sus obligaciones tributarias con el Estado, con la
consiguiente privatización de la infraestructura educativa.
Como venimos sosteniendo, el dilema entre Estado y Mercado parece haberse resuelto a favor del segundo (8).
El mercado ahora define las reglas de juego, impone políticas públicas en el
amplio abanico de la función estatal, desconoce mediante el poder fàctico
empresarial los derechos económicos, sociales y
culturales, el derecho humano a la
educación, por ejm. El problema no es cuan larga es la cadena
neoliberal, sino quien se atreve a colocar el cascabel al gato.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
(1) El Informe Diagnóstico Ambiental del Perú
del 2008 del Ministerio del Ambiente
reveló la destrucción de casi 10 millones de hectáreas de bosques, el deterioro
de la calidad del agua, etc. entre otros pasivos ambientales.
(2)La nueva Ley de Tierras N° 26505 dictada en
1995 ha extendido el gran latifundio configurando nuevos grupos empresariales
como Gloria, Oviedo, Wong, etc.)
(3)Navarro Vincenc: Neoliberalismo y Estado de
Bienestar, 1ra. Edición, Barcelona, Ariel Sociedad Económica, 1997, p.61.
(4) Campodònico, Humberto: La República, 07 de marzo del
2014, p.12.
(5) Durand, Francisco: El nuevo ogro
filantrópico en Quehacer Nª 195, Noviembre 2014, Lima, p.89.
(6)En el Caso Aguaytia Energy, el Estado
peruano tuvo que pagar ante un árbitro internacional la suma de US $ 18,440.746
en compensación por daños al inversionista derivados de una cobranza tributaria.
(7)El Contralor de la República
Fuad Khoury informò en setiembre del 2014 que el 78% de las entidades públicas
no ejerce labores de fiscalizaciòn
debido a la ausencia de oficinas de control interno
(OCI).
(8)Contreras, Taype, Juan: El Derecho Humano a la Educación: De la idea republicana a la privatización neoliberal, Lima, 2014.
