JUAN CONTRERAS T.
CIPAL
En mayo del 2014 la Presidente Bachelet chilena propuso un conjunto de proyectos de ley al Congreso para abordar un tema de capital importancia como es, el presente y futuro de la educación publica chilena en todos sus niveles buscando, de ese modo, sintonizar con las demandas del estudiantado chileno que en los últimos años ha venido exigiendo un mayor rol del Estado en ese sector en defensa de la gratuidad de la enseñanza, tan venido a menos por la incontrolable mercantilización de la educación en el vecino país.
La finalidad de tales proyectos de ley busca reducir el lucro en el sector educativo, prohibir el co-financiamiento económico de los padres de familias en los colegios públicos y proscribir la “selección económica” para acceder a una educación de calidad y competitiva, algo que nos hace recordar a las tesis del darwinismo social desarrolladas por los ideólogos del neoliberalismo que impulsan la segregación de las personas por razones económicas.
Refiere Marcel Claude, catedrático de la Universidad de Chile, que el principal problema del modelo chileno es la privatización de la educación y su impacto sobre la sociedad en términos de desigualdad educativa y social. En la actualidad Chile destina el 3.5% de su PBI a gastos militares y solo el 0.3% a educación superior. Las corporaciones internacionales que explotan el cobre chileno alcanzan utilidades que anualmente bordean 30 millones de dólares, mientras las necesidades de educación apenas alcanzan los 7 mil millones de dólares anuales, pese a que la economía chilena es ahora ocho veces más rica que en los años setenta.
Sin duda, la movilización estudiantil ha logrado colocar en agenda uno de los problemas que ha puesto en jaque al modelo neoliberal chileno -la desigualdad educativa y social- lo cual obliga a una necesaria redefinición del rol del Estado en este sector, es decir, pisar los callos del modelo de libre mercado impuesto a inicios de los 80 por la dictadura militar pinochetista al que seguramente Bachelet difícilmente podrá esquivar. Aunque las organizaciones estudiantiles chilenas advierten que estos proyectos sólo pretenden maquillar el modelo, se persiste -como ocurre en el Perú- en mantener maniatado al Estado, secuestrado por poderosos grupos empresariales, y sin mayor presencia en la educación publica.
Desde la óptica de los derechos humanos, sin educación de calidad y competitiva para las grandes mayorías no es posible hablar de democracia, menos de desarrollo humano. La educación es un tema capital no sólo desde el punto de vista del desarrollo económico, sino, por su carácter democrático e inclusivo, toda vez que la incorporación de la población al sistema educativo constituye la realización de la dignidad humana de las personas, fundamento base de los derechos humanos. Tales preceptos constan expresamente consagrados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado también Protocolo de San Salvador, instrumento jurídico ratificado tanto por Chile y el Perú, respectivamente, que en contraste con la realidad concreta parecen ser solo letra muerta. El impacto sobre el derecho humano a la educación es claro en ambos países, de pronto esto podría existir sólo en el papel.
Llama a satisfacción que sea la sociedad civil, a través de las movilizaciones estudiantiles, quienes hayan colocado el tema en la agenda. Esto sirve para entender que el modelo neoliberal ha empezado a desnudar sus limitaciones y no constituye la panacea como en su momento puntualizaron sus principales exponentes, especialmente Friedman. Aunque el efecto espejo sobre el Perú particularmente es aún débil no deja de tener importancia por sus proyecciones de cara al futuro.
UNA CRISIS IRRESUELTA EN EL PERÚ.
En nuestro país el modelo neoliberal se ejecuta de manera forzosa por la influencia de grandes poderes económicos que literalmente han secuestrado al Estado peruano y gravitan en sus decisiones políticas. La inversión educativa del sector privado ha superado a la inversión pública, y el trasvase del alumnado de los colegios públicos a los privados parece incontenible en la ultima década. En el nivel superior, la economía de libre mercado ha expandido la oferta educativa mediante universidades privadas que casi triplican el número de universidades estatales. No existen controles efectivos sobre estas universidades, funcionan como verdaderas empresas dedicadas a lucrar con el saber y el conocimiento y sus tentáculos prevalecen en el Congreso de la República pesando sobre el resto de la sociedad.
Los inversores en educación privada constituyen hoy un poderoso grupo de poder en el Perú con bancada propia en el Congreso. Esto se ha podido apreciar a raíz del debate congresal sobre la Ley Universitaria y las reacciones contra ella, las que incluyen una acciòn de amparo en tràmite en una corte limeña. En Chile, los intereses empresariales en el terreno de la educación pasaban por el despacho de Joaquín Lavin, propietario de la Universidad de Desarrollo y ex ministro de educación durante el mandato de Sebastián Piñera. Ni más, ni menos como en nuestro país. La “autonomía universitaria”, tan invocada ahora por estos sectores a raíz de las discusiones en el Congreso peruano sobre la reforma del sistema universitario, sirve a este sector para que el Estado nada haga realmente y se limite a ser figura decorativa en las relaciones que el mercado crea y reproduce para beneficiar a un minúsculo sector de la sociedad.
Los estudios del Foro Educativo revelan una creciente privatización de la educación en el Perú resaltando negativamente sobre los derechos económicos y sociales de la población que ponen en cuestión las obligaciones jurídicas del Estado peruano en este terreno. Recuperar el rol del Estado en el terreno de la educación, garantizar educación publica gratuita, de calidad y competitiva para el resto del país constituyen un serio desafío para quienes postulamos y defendemos el derecho humano a la educación. Es hora que la sociedad civil, sus organizaciones políticas y sociales, padres de familia, maestros y estudiantes asumamos estos desafíos en el Perú.
Tras constatar los penosos resultados de los últimos PISA no se ha planteado en el Congreso una revisión del Decreto Legislativo 882 dictado durante el periodo fujimorista para promover la inversión privada en el sector educación, convirtiéndose en la columna vertebral del proceso de privatización educativa que las élites prefieren no discutir porque pisa callos de poderosos No basta, como parece ser la lógica de la Comisión Mora, con reposicionar al Estado mediante un órgano rector en el sistema universitario.
En educación básica es necesario que este asuma mayor protagonismo en el sector, lo cual implica mayor presupuesto para infraestructura, capacitación docente, mejores remuneraciones, observancia estricta a los derechos laborales, etc., en suma, las condiciones básicas para que la educación pública entre en competencia en igualdad de oportunidades y recorte las brechas de desigualdad entre la educación de las urbes y las zonas rurales como Carolina Trivelli acaba de demostrar en una reciente investigación. Demás esta decir que esto también compromete al magisterio peruano cuyo protagonismo debe adquirir mayores y nuevas dimensiones, como es ir más allá del reinvindicacionismo sindical.
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