JUAN CONTRERAS T.
CIPAL
La evocación de Ollanta Humala de gobernar honrando los valores y principios de la Constitución Política de 1979 ha provocado una furibunda reacción del sector mas reaccionario de la política criolla. Nadie que haya leído la historia constitucional del Perú podrá ignorar que la conciencia colectiva de los pueblos y naciones se construye y perenniza en el tiempo gracias a los valores y principios que destacan la dimensión de la Persona, los derechos humanos, las libertades, las garantías constitucionales protectores del Hombre, etc. Que alcanzaron rango constitucional merced a esta Carta.
La Constitución Política de 1979, obra de los seguidores de José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre y Víctor Andrés Belaunde, fue la carta jurídica mas avanzada en su concepción jurídico - filosófica al colocar a la Persona (en su dimensión individual y colectiva) como fin supremo del Estado y de la sociedad, principio que el neoliberalismo ha proscrito al encumbrar al Mercado como el eje regulador de la vida económica, política y social en general, reduciendo incluso los roles y fines del Estado. Esta carta coloco al trabajo como la base y fuente de la riqueza, el derecho a la educación publica gratuita, estableció el derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral, a la jornada laboral de 08 horas, el derecho de huelga y de sindicalización sin autorización previa del Estado, el derecho de todos a la seguridad social; la incorporación a la vida ciudadana y política de los analfabetos, entre otros aspectos que sentaban las bases para la construcción de una sociedad mas justa y solidaria para herencia de las futuras generaciones.
Sin embargo, cuando apenas ingresaba a la adolescencia política fue subrogada la Carta de 1979 con el autogolpe del 05 de abril de 1992 promovido y financiado por las elites políticas, militares y empresariales a los cuales encabezaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos ahora cumpliendo condena por asesinos y ladrones. Para calmar la presión internacional Fujimori convoco al Congreso Constituyente Democrático (CCD) que se encargo de redactar la Carta golpista de 1993, es decir edificar un nuevo modelo constitucional afín a los intereses del gran capital. Este documento, como sostuvo en San Marcos en una ocasión Alberto Bórea adolecía de un defecto de origen que la ilegitimaba ante la sociedad. No fue producto del consenso y del debate entre las fuerzas políticas representantes de los diferentes sectores económicos y sociales del país.
Esta Carta fue producto de la fuerza de los tanques y del supremo interés de las elites nativas articuladas con poderosos grupos empresariales extranjeros que mediante un Régimen Económico decididamente neoliberal y antinacional convirtieron al Perú en una plataforma para realizar jugosos negocios y repartirse los recursos naturales de propiedad de todos los peruanos a través de concesiones y contratos lesivos al interés nacional, los recursos naturales de propiedad de todos los peruanos. Así, de pronto nuestros minerales e hidrocarburos fueron a parar a manos de poderosos grupos empresariales; ocurre igual con el gas. Simultáneamente, los derechos de los trabajadores pasaron a peor vida. Se impusieron la políticas de ajuste laboral para proscribir los derechos remunerativos de la clase trabajadora, los recortes a la sindicalización y el derecho de huelga, la privatización de la seguridad social, la educación y la salud, entre otros actos que paulatinamente fueron desapareciendo los derechos laborales en nuestro país. En resumen, la Constitución de 1993 fue una verdadera declaratoria de guerra contra el pueblo, principalmente, los trabajadores.
Que el Presidente Ollanta Humala haya evocado en su juramento los principios y valores de la Carta de 1979 marcan un derrotero respecto de las políticas que deberá emprender y ejecutar su futuro gobierno y despliega una buena señal de cara al futuro. Los que nos ubicamos en el campo popular saludamos este gesto principista con una actitud de apoyo critico, aunque la angustia y los estertores hayan hecho presa de los representantes del gran capital y la corrupción. ///////////
CIPAL
La evocación de Ollanta Humala de gobernar honrando los valores y principios de la Constitución Política de 1979 ha provocado una furibunda reacción del sector mas reaccionario de la política criolla. Nadie que haya leído la historia constitucional del Perú podrá ignorar que la conciencia colectiva de los pueblos y naciones se construye y perenniza en el tiempo gracias a los valores y principios que destacan la dimensión de la Persona, los derechos humanos, las libertades, las garantías constitucionales protectores del Hombre, etc. Que alcanzaron rango constitucional merced a esta Carta.
La Constitución Política de 1979, obra de los seguidores de José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre y Víctor Andrés Belaunde, fue la carta jurídica mas avanzada en su concepción jurídico - filosófica al colocar a la Persona (en su dimensión individual y colectiva) como fin supremo del Estado y de la sociedad, principio que el neoliberalismo ha proscrito al encumbrar al Mercado como el eje regulador de la vida económica, política y social en general, reduciendo incluso los roles y fines del Estado. Esta carta coloco al trabajo como la base y fuente de la riqueza, el derecho a la educación publica gratuita, estableció el derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral, a la jornada laboral de 08 horas, el derecho de huelga y de sindicalización sin autorización previa del Estado, el derecho de todos a la seguridad social; la incorporación a la vida ciudadana y política de los analfabetos, entre otros aspectos que sentaban las bases para la construcción de una sociedad mas justa y solidaria para herencia de las futuras generaciones.
Sin embargo, cuando apenas ingresaba a la adolescencia política fue subrogada la Carta de 1979 con el autogolpe del 05 de abril de 1992 promovido y financiado por las elites políticas, militares y empresariales a los cuales encabezaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos ahora cumpliendo condena por asesinos y ladrones. Para calmar la presión internacional Fujimori convoco al Congreso Constituyente Democrático (CCD) que se encargo de redactar la Carta golpista de 1993, es decir edificar un nuevo modelo constitucional afín a los intereses del gran capital. Este documento, como sostuvo en San Marcos en una ocasión Alberto Bórea adolecía de un defecto de origen que la ilegitimaba ante la sociedad. No fue producto del consenso y del debate entre las fuerzas políticas representantes de los diferentes sectores económicos y sociales del país.
Esta Carta fue producto de la fuerza de los tanques y del supremo interés de las elites nativas articuladas con poderosos grupos empresariales extranjeros que mediante un Régimen Económico decididamente neoliberal y antinacional convirtieron al Perú en una plataforma para realizar jugosos negocios y repartirse los recursos naturales de propiedad de todos los peruanos a través de concesiones y contratos lesivos al interés nacional, los recursos naturales de propiedad de todos los peruanos. Así, de pronto nuestros minerales e hidrocarburos fueron a parar a manos de poderosos grupos empresariales; ocurre igual con el gas. Simultáneamente, los derechos de los trabajadores pasaron a peor vida. Se impusieron la políticas de ajuste laboral para proscribir los derechos remunerativos de la clase trabajadora, los recortes a la sindicalización y el derecho de huelga, la privatización de la seguridad social, la educación y la salud, entre otros actos que paulatinamente fueron desapareciendo los derechos laborales en nuestro país. En resumen, la Constitución de 1993 fue una verdadera declaratoria de guerra contra el pueblo, principalmente, los trabajadores.
Que el Presidente Ollanta Humala haya evocado en su juramento los principios y valores de la Carta de 1979 marcan un derrotero respecto de las políticas que deberá emprender y ejecutar su futuro gobierno y despliega una buena señal de cara al futuro. Los que nos ubicamos en el campo popular saludamos este gesto principista con una actitud de apoyo critico, aunque la angustia y los estertores hayan hecho presa de los representantes del gran capital y la corrupción. ///////////
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